El futuro de nuestros océanos está en juego, un asunto sobre el que los Estados miembros de la ONU han estado negociando durante más de quince años con el objetivo de lograr redactar y consensuar un tratado que garantice la preservación de la diversidad biológica del mar y la lleve más allá de las zonas marítimas reservadas a los Estados.
Un trascendental tema sobre el que finalmente y después de largos años de negociación, el sábado 4 de marzo… los Estados miembros de la ONU lograron llegar a un acuerdo para formalizar un nuevo tratado de biodiversidad marítima, según anunciaba Rena Lee, presidenta de esta Conferencia Intergubernamental y embajadora de Singapur para los Asuntos de los Océanos y el Derecho del Mar.
MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
A partir de aquí el texto final del acuerdo deberá ser revisado y ratificado por un número suficiente de países y necesitará, probablemente, una posterior aprobación legislativa en la Asamblea General de Naciones Unidas. Una vez entre en vigor, la ONU podrá, oficialmente, llevar a cabo determinadas acciones de interés general para la biodiversidad marina como, por ejemplo, adoptar medidas de conservación y uso sostenible o realizar estudios de impacto ambiental en los espacios marítimos más allá de las zonas económicas exclusivas y las plataformas continentales de los Estados. El tratado también obligará a realizar evaluaciones de impacto medioambiental de las actividades propuestas por los Estados en Alta Mar y, además, fomentará la creación de áreas marinas protegidas.
GENERACIONES FUTURAS
«Hoy el mundo se ha unido para proteger el océano en beneficio de nuestros hijos y nietos. Nos vamos de aquí con la capacidad de crear áreas protegidas en alta mar y lograr la ambiciosa meta de conservar el treinta por ciento del océano para 2030», explicaba la subsecretaria de Océanos y Asuntos Ambientales y Científicos Internacionales estadounidense Mónica Medina, tras haberse alcanzado este acuerdo.
Entre las cuestiones más importantes que se han debido resolver en los días recientes a la firma del acuerdo estaba la que afecta a la toma de decisiones, concretamente a quién debe decidir si una actividad puede seguir adelante una vez realizada una evaluación de impacto y, muy estrechamente relacionada con esta cuestión estaba también la de si debe existir un mecanismo de consulta para las partes que tengan dudas sobre una actividad concreta, y si ese mecanismo de consulta debe aplicarse durante la fase de toma de decisiones.
Redacción
